Autor: Walmore Vergara. Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI). FIIDT.
Introducción
Según el Banco Mundial, desde los años 80 los desastres naturales han causado la muerte de 2 millones de personas y un aproximado de pérdidas valoradas en 3 billones de dólares, el equivalente a un porcentaje del 600%, que expresado en millones representa un monto de 23.000 millones de dólares anuales en la década de los 80, lo que representa para el último decenio 158.000 millones de dólares. (2020, Banco Mundial). En el informe titulado, invertir en la resiliencia urbana, del Banco mundial, expresa que para el 2030, las inversiones para mejorar las capacidades de adaptación, las pérdidas podrían estar en orden de los 314.000 millones de dólares anuales, a nivel mundial, producto de los desastres naturales. (https://www.bancomundial.org).
En Venezuela las pérdidas tanto materiales como humanas producto de los desastres naturales, ha sido un tema de constante preocupación por parte de los organismos competentes, que según autores venezolanos y fuentes internacionales se deben fundamentalmente a amenazas naturales como: sismos, movimientos en masa, las hidrometeorológicas, las inundaciones, los tsunamis, y las sequias, (2016, Atlas Nacional de Exposición ante Amenazas Naturales y Tecnológicas). Estos organismos forman parte de los gobiernos a nivel nacional, estatal y municipal, cuya misión es proteger, resguardar y prevenir a la ciudadanía y sus bienes de los desastres naturales a lo que están expuestos. Este principio, es considerado la esencia y la razón ser de estas organizaciones, sin embargo debido a la timorata o débil preocupación por parte de los organismos encargados de ejecutar las directrices plasmadas en los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, no ha sido del todo satisfactorio, de la misma manera ocurre aguas abajo, a nivel estatal y en mayor proporción municipal, a pesar de que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. (CRBV), contempla una Política Nacional de Gestión de Riesgos plasmados en sus artículos No 55, De Los Derechos Civiles, y No 156, de la Competencia del Poder Público Nacional, y que en correspondencia a estos artículos, se promulgo la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, primera en sus características en Latinoamérica.
Posteriormente se creó el Viceministerio para la Gestión de Riesgos y Protección Civil, el 17 de septiembre de 2013 bajo la Gaceta 40.252. (2016, Atlas, Nacional de Exposición Ante Amenazas Naturales y Tecnológicas,). Como podemos observar, se cuenta con los basamentos jurídicos que permiten o facilitan que las políticas relacionadas con la creación y aplicación de estudios y proyectos que impliquen el uso de tecnologías de vanguardia (SIG) para la mitigación de los desastres naturales, puedan ser desarrolladas y aplicadas en los diferentes ámbitos geográficos del país. Cabe aclarar, que si bien es cierto que cuando se promulgan estos basamentos jurídicos, a partir de 1999, para fortalecer y mejorar la gestión de riesgos a nivel nacional, no es menos cierto que anterior a estas promulgaciones, también se contó o contaba con patrones de ocupación territorial, fundamentados en tres patrones a saber: el patrón urbano concentrado, el rural disperso y el urbano disperso ( Caravallo, 2000) y planes de desarrollo, (IV Plan de la Nación, 1971-1975), donde se definen las Regiones de Planificación en Venezuela. Luego “La Gran Venezuela”, plasmada en el V Plan de la Nación, 1976-1980, donde se marca la pauta de incorporar el ordenamiento territorial, la desconcentración económica y desarrollo regional. Luego el VI Plan de La Nación, 1981-1985, donde se hace énfasis, en los desequilibrios regionales, en virtud de lo cual, se propone la descentralización paulatina de la administración pública y el financiamiento regional. Definitivamente de redefinen las regiones que se habían formado a mediados del siglo XIX, para finalmente consolidarse en los inicios del siglo XX.
Posteriormente se crea la Ley Orgánica Para la Ordenación del Territorio, (1983), que ordena al MARNR, establecer las metodologías, directrices para la formulación de planes, tendientes a mejorar la ocupación y utilización de los recursos naturales. Con el objeto de que estas directrices se materialicen, se crea el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, el cual tenía como norte poner en práctica un proceso coordinado y participativo tanto de los entes públicos como privados, esto bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Ordenamiento del Territorio. Seguidamente, con el objeto de revisar las políticas de ordenación del territorio y adaptarlas a las nuevas exigencias y realidades económicas internacionales, se formula el VII Plan de La Nación, denominado “El Gran Viraje” (1990-1994), pero en 1992 se afectado por la situación política (intentona de golpe militar).
En virtud de la situación, es aprobado El Plan Nacional de Ordenación del Territorio desde 1996 hasta 1998, que se fundamenta en establecer un modelo aperturista y de liberación, pero que debido a la caída de los precios del petróleo colapsa. Además, según Sanabria (2010), hace mención, que desde 1829 hasta 1970, se fundamentó en un enfoque conservacionista, 1958 – 1970, el enfoque regionalista, posteriormente, con la creación de la Ley Orgánica del Ambiente, en 1974, donde el enfoque ambientalista hasta nuestros días continua dictando las pautas en la ordenación del territorio.
NUEVO ENFOQUE Y DESARROLLO DE METODOLOGÍAS.
De lo anterior se desglosa que a partir de 1829 aproximadamente hasta 1998, se han hecho esfuerzos por desarrollar y fundamentar jurídicamente políticas de ordenamiento territorial en el país, y en la práctica de alguna forma se tomaron decisiones de ocupación considerando la base de recursos naturales y de localización que ofrecen los distintos lugares o aspectos relacionados con la renta del suelo urbano y rural; sin embargo estas decisiones, evidentemente son distintas en el caso de personas o entidades con recursos que les permite elegir el territorio para su desarrollo y otros que debido a su situación social y económica no tienen opciones de escoger y están reducidos a localizaciones inseguras y marginales. En el caso venezolano, así como en Latinoamérica, la ubicación o localización de los procesos de construcción social del riesgo asociado con la localización y la exposición es diferente entre distintos grupos sociales, por ejemplo: la población que por razones económicas o ambientales emigraron del campo a la ciudad se vieron obligados a ocupar áreas con características geológicas y geomorfológicas inestables e inseguras, como la mayoría de los barrios en la Gran Caracas. La segunda, denominada clase media, que ocupan viviendas producto de desarrollos habitacionales construidas por empresas y otras por el Estado, están localizadas en zonas, en donde ocurren eventos altamente peligrosos y carentes de sistemas de protección, ( Estado Vargas), también es perentorio mencionar que existen municipios donde se llevan a cabo desarrollo habitacionales y que a los habitantes no se les informa sobre las condiciones ambientales, sometiéndolas muchas veces a riesgos naturales de alta peligrosidad, otro agravante por el otorgamiento de permisos de construcción en áreas no aptas para tales fines por parte de las instituciones municipales. En tercer lugar, una clase social de altos recursos económicos ubicados en diferentes zonas, caracterizadas por bellezas escénicas, unas sujetas a las normas de zonificación establecidas por los entes competentes y otras en su mayoría atraídas por el simple hecho de querer estar alejadas de las “aglomeraciones urbanas” se ubican en zonas de considerable riesgo, por ejemplo, Los Altos Mirandinos, y algunos sectores ubicados en los cuatro puntos cardinales de la ciudad Capital.
Cabe mencionar que en el campo de los desastres y riesgos en términos generales, se ha impulsado el interés por parte de algunas organizaciones y centros académicos a nivel nacional con el propósito de desarrollar investigaciones que tienen como finalidad brindar apoyo en el sentido de profundizar en las metodologías, enfoques y conceptos para mitigar los riesgos naturales en el país: (Tabla 1). En ese sentido, el producto de este esfuerzo, “a partir del 2000 se dio inicio a la elaboración de mapas de zonificación de riesgos de las vertientes norte y sur del macizo El Ávila, asiento del estado Vargas y del Distrito Metropolitano de Caracas”. (Jiménez, 2007, Geografía de las catástrofes. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos)
Tabla1. Instituciones y organizaciones involucradas en estudios sobre Gestión de Riesgos
| Fundaciones , Organizaciones y Programas | Entes involucrados | Descripción | Año de creación |
| FUNDAPRIS | ULA y el Laboratorio de Geofísica de la Facultad de Ciencias | Fundación para Reducción de Riesgos Sísmicos | 1992 |
| COMIR | UCV | Comisión para la Mitigación de Riesgos | 1996 |
| UPEL | Universidad Pedagógica Experimental Libertador | Proyecto Nacional para la Investigación Educación y Gestión de Riesgos | 2002 |
| LUZ | LUZ | Estudio Histórico y Social de los Desastres, Adscrito al Centro de Estudios Históricos y al Laboratorio de Historia de la Arquitectura desde el 2005 | 2005 |
| CIGIR | Mérida | Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos | 2007 |
| UCV | UCV ( Escuela de Antropología ) | Antropología de los Desastres ( Única en toda Latinoamérica) | 2009 |
| UCV | UCV | Perfeccionamiento Profesional en la Reducción de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos en la Gestión de Riesgos. | 2010 |
| UNISDR | Oficina de las Naciones Unidas | Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres | 1999 |
| EIRD | Organización Internacional | Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres | – |
| Ley | Venezuela | Ley Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres | 2001 |
Fuente: Elaboración propia. WV.2020
LOS MAPAS DE RIESGOS
De lo antes expuesto se desprende la importancia del conocimiento del ámbito geográfico para poner en práctica cualquier manifestación espacial, para ser sometida a estudios detallados y que cumplan con la rigurosidad del análisis que las variables ambientales ameritan (hidrografía, vegetación, suelos, geología, geomorfología, uso,). Probablemente, a partir de la mitad del siglo XIX e inicios del XX hasta la mitad, no se contaba con las herramientas necesarias para elaborar estudios con niveles de detalle que permitieran tomar decisiones sobre cuáles serían las áreas o zonas más idóneas para ejecutar obras de infraestructuras que consideran los factores de riesgo, sin embargo a partir de la segunda mitad del XX hasta nuestros días ( siglo XXI), el adelanto progresivos de las herramientas tecnológicas ( SIG) así como el capital humano formado en esta área de estudio, ha contado con instrumentos legales, planes de ordenación que no han sido ejecutados debidamente. En consecuencia la cantidad de población afectada al igual que bienes materiales ha sido considerable, en este sentido, Jiménez, expone que “las instituciones a todos los niveles de dirección nacional, regional y local deben revisar las practicas que manifiesten debilidades y limitaciones para la gestión de riesgo e identificar sus capacidades y fortalezas para incidir positivamente en el proceso de desarrollo” (2007, Geografía de las Catástrofes. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos).
Cuando observamos la cantidad de desastres naturales que han tenido lugar en el país, nos damos cuenta del porcentaje de áreas supeditadas o sometidas a las amenazas, vulnerabilidad y en consecuencia a riesgos, y la imperiosa necesidad de contar con mapas de riesgos en todos ámbitos políticos administrativos del territorio.
En el caso de los sismos, según el Catálogo Sismológico Venezolano del siglo XX, ocurrieron 2.160 registros entre los estados, Sucre, Mérida, Distrito Capital, Miranda, Lara, Táchira, Falcón y Yaracuy, cabe mencionar que en este catálogo no se mencionan los ocurridos en los siglos anteriores. Con respecto a los tsunamis, se han registrado 5 eventos ubicados en Cumana específicamente, (1530, 1853,1900, 1929 y 1997); de los movimientos en masa, en el siglo XX, los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Aragua, Miranda, Falcón, Distrito Capital y Vargas, se consideran los estados más expuestos, y a título de ejemplo, en el país se registraron un total de 1.498 de eventos; en el caso de los hidrometeorológicos, vale decir eventos derivados como producto de las lluvias, desde el año 1624 hasta 2015, se han registrado 177 eventos. En cuanto a las inundaciones, aproximadamente 191.000 km2 de la superficie está expuesta a inundaciones; y por último las sequias de las cuales se han registrado en el país un total de 70 eventos. (2016, Atlas, Nacional de Exposición Ante Amenazas Naturales y Tecnológicas).
Nota: hay algunos eventos registrados hasta finales del siglo XX y otros como los sismos hasta los inicios del XXI.
De este apartado, podemos mencionar cuán importante es contar con información cartográfica en todos niveles (nacional, estatal y municipal), que indique el conjunto de variables ambientales que deben ser consideradas antes de ejecutar cualquier tipo de manifestación antrópica, es aquí donde radica la importancia de los mapas de riesgos, que juegan un papel determinante, siempre y cuando se cuente con el uso adecuado por parte de los entes gubernamentales, locales, estatales nacionales, así como de sus habitantes.
EJEMPLO MAPA DE RIESGOS
Ejemplo de Mapa de Riesgos del Municipio Heres del estado Bolívar. Venezuela.
El Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2017, menciona que los mapas de riesgos, son una herramienta de análisis esencial que permite identificar zonas de mayor o menor riesgo frente a diferentes peligros, es un factor determinante al momento de efectuar cualquier construcción, bien sea escuelas, caminos, hospitales u obras hidráulicas. Es un recurso imprescindible al momento de prevenir situaciones futuras que permite adecuar la gestión de riesgo del territorio tomando en cuenta las restricciones de ocupación. Los mapas de riesgos surgen de la combinación de los mapas de amenazas y de vulnerabilidad, donde cada uno brida información, pues son el producto de indicadores específicos y señalan las características físico geográfico particulares de cada una de las áreas y los constantes cambios espacio- temporales, de allí que resulte imprescindible actualizar los mapas de riesgos dado que los mismos son herramientas útiles para la planificación municipal. La gran cantidad de información que se involucra en la generación de estos mapas, hace necesario el uso de herramientas de apoyo como los SIG, y dado que son sistemas abiertos, permiten la incorporación de información y datos en tiempo real y en grandes volúmenes.
CONCLUSIONES.
Dadas las características de Venezuela desde el punto de vista geográfico y sus antecedentes históricos relacionados con las catástrofes, siempre va a estar sujeto a estas amenazas, esto debido a su localización geográfica. (2007, Jiménez,) En este sentido, los mapas de riesgos en el ámbito municipal deben ser asumidos como un compromiso por parte de las autoridades locales para educar y sensibilizar a los habitantes con respecto a su entorno territorial e indicar que es una herramienta que les permite conocer las potencialidades con que cuentan dentro de su entorno y a la vez conocer cuáles son sus amenazas y vulnerabilidades para medir los posibles riesgos, esto sin duda alguna conlleva a los habitantes de los municipios conjuntamente con las autoridades locales analizar los riesgos en forma integral y en consecuencia mitigarlos.
BIBLIOGRAFÍA.
- Atlas Nacional de Exposición ante Amenazas Naturales Tecnológicas, 2016.Caracas: Ministerio para la Legislación De Riesgo y Protección Civil.
- Experiencias Propias. Personal Técnico y Profesional del Centro de Procesamiento Digital de Imágenes. Fundación Instituto de Ingeniería.
- Invertir en La Resiliencia Urbana, Banco Mundial, 2020. Documento en línea: Disponible en [https://www.bancomundial.org] [Consultado en julio 2020].
- Jiménez, V. “Geografía de las catástrofes. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos”, en: Geo Venezuela, Volumen 2, Caracas, Fundación Empresas Polar, 2007.
- Manual Para La Elaboración de Mapas de Riesgos, 2017. Argentina. Ministerio de Seguridad. Presidencia de la Nación y Secretaria de Protección Civil Integral de Emergencias y Catástrofes.
- Ríos, J. & Carvallo G. (2000). Análisis histórico de la organización del espacio en Venezuela. Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela.
- Sanabria, C. (2010). La ordenación del territorio o política territorial en Venezuela. Revista Terra Nueva, Vol. XXVI, núm. 40, julio-diciembre, 2010, pp. 13-44 Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.
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